La factura oculta del movimiento xenófobo en Sudáfrica: cuando se cortan los capilares de la economía de los townships

I. Qué ocurrió: un calendario de expulsión y su forma de ejecución

El 30 de junio de 2026 es la fecha límite de salida que el movimiento antiinmigración sudafricano "March and March" fijó para todos los inmigrantes indocumentados. Este grupo, que se autodenomina organización ciudadana, prometió mantener sus acciones hasta que "cada empleo sudafricano sea ocupado por un sudafricano".

En la práctica, los grupos violentos de vigilancia no distinguen identidades a la hora de elegir a sus objetivos. Los inmigrantes de clase trabajadora, en su mayoría procedentes de otros países africanos, se convirtieron en blanco, tuvieran documentos legales o no. Según los recuentos oficiales de deportaciones, más de 160.000 personas regresaron a sus países con la ayuda de sus respectivos gobiernos; además, muchas otras volvieron por su cuenta, enviaron únicamente a sus esposas e hijos, o se trasladaron a zonas relativamente seguras dentro de Sudáfrica.

El movimiento no se detuvo cuando venció el plazo. March and March declaró que intensificará sus acciones antes de las elecciones municipales del 4 de noviembre. En un contexto en el que el partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC), se encuentra debilitado, este movimiento intenta colocar el tema migratorio en el centro de la campaña electoral.

II. Por qué ocurre: cuando el desempleo estructural se reduce a una variable

Para entender este movimiento, no basta con mirar la calle. Es producto del desempleo estructural de larga data en Sudáfrica, la brecha entre ricos y pobres y el fracaso de los servicios públicos locales, y los inmigrantes se han convertido en la vía de escape que recibe esa presión.

En Sudáfrica hay alrededor de 3 millones de inmigrantes internacionales, menos del 4% de la población total según las cifras oficiales. Pero en las redes sociales, los programas de llamadas en radio, los noticieros de televisión y las conversaciones cotidianas en los taxis circula una y otra vez otra narrativa: los foráneos traen crimen, suciedad y decadencia, no pagan impuestos y agotan los servicios públicos. Estas afirmaciones no resisten el escrutinio de la evidencia, pero tienen una enorme eficacia movilizadora.

Ese es precisamente el núcleo del problema. Cuando el problema del desempleo de una economía no recibe una respuesta eficaz durante mucho tiempo, el lenguaje político se desplaza de "cómo crear empleo" a "quién se llevó los empleos". March and March no es el punto de origen de ese sentimiento, sino el resultado de su organización y calendarización. La naturaleza del movimiento también cambió: pasó de disturbios xenófobos esporádicos a una presión continua con objetivos, calendario y ritmo electoral.

III. La subestimada economía de los townships: las tiendas spaza son la última milla

En Diepkloof, Soweto, Maggie Mpharana alquiló su garaje hace diez años al comerciante somalí Harun Gebrelasse, quien lo convirtió en una pequeña tienda comunitaria. Él pagaba un alquiler equivalente a 180 dólares al mes y también empleó al hijo de Mpharana cuando este no asistía a la escuela.

En junio de 2026, un grupo antiinmigrante de vigilancia golpeó a Gebrelasse y saqueó la tienda, a pesar de que él tenía una visa válida y licencia comercial. Dos días después, volvieron, y en medio de un conflicto incendiaron y destruyeron la tienda. "No entiendo cómo se supone que esto arregle el país", dijo Mpharana.Esta frase apunta a un hecho gravemente subestimado en los debates de política: las tiendas spaza no son un formato comercial marginal, sino los capilares de la economía de los townships sudafricanos. Se estima que hay entre 150.000 y 200.000 tiendas spaza en todo el país, que sostienen cerca de 3 millones de empleos y contribuyen con algo más del 5% del PIB. Están distribuidas en cada esquina, abren durante largas horas, venden artículos de uso diario en porciones pequeñas y asequibles, y ofrecen compra a crédito a clientes habituales —la forma de comercio minorista de la que realmente dependen los residentes urbanos alejados de los centros comerciales y de los establecimientos minoristas formales.

Al mismo tiempo, son el extremo final de una cadena de valor. Fabricantes, mayoristas y transportistas hacen fluir mercancías hacia los townships a través de la red de spazas, y el dinero regresa a lo largo de esa cadena a manos de arrendadores locales, empleados y consumidores. Es un segmento económico enteramente en manos de propietarios negros.

La gran mayoría de los operadores proviene de Somalia o Etiopía. Bayene, originario del sur de Etiopía, llegó por vía terrestre a Sudáfrica en 2011 para solicitar asilo; primero trabajó en la tienda de unos parientes y en 2015 abrió su propia tienda en Soweto. Hoy negocia con una empresa privada de seguridad para obtener protección. Según su testimonio, la nueva táctica de March and March es amenazar a los arrendadores: si no expulsan a los inquilinos extranjeros, las propiedades serán incendiadas. “Mi arrendador no quiere echarme, me está protegiendo”, dice, “pero algunos arrendadores, para protegerse, lo hicieron”.

Shuab, de nacionalidad somalí, dirige una empresa mayorista y es uno de los cinco mayoristas que abastecen a cientos de tiendas spaza en Soweto. “En los últimos tres meses el negocio ha ido decayendo, y ahora está peor”, dice. “Incluso estoy cuidando el inventario de algunos dueños de tiendas que huyeron”. Su almacén tiene 2000 metros cuadrados, y 6 de sus 10 empleados son sudafricanos, quienes temen perder sus empleos si el negocio se ve obligado a cerrar. No es la primera vez que lo destruyen: su primera tienda, abierta en 2018, fue saqueada e incendiada durante los disturbios sociales de julio de 2021.

La destrucción repetida de capital recae sobre una economía que ya de por sí tiene dificultades para crear empleo formal. Cuando una tienda es incendiada, no solo pierde el dueño: los arrendadores pierden alquileres, los jóvenes locales pierden puestos de trabajo y el consumo cotidiano del barrio pierde el abastecimiento de proximidad.

IV. Dimensión regional: qué significa el retorno de 160.000 personas

Cuando más de 160.000 personas se marchan en masa, el alcance de este fenómeno ya no termina en Sudáfrica.

En primer lugar, el patrón de movilidad laboral de África austral. Sudáfrica es el mayor polo económico de toda la región, y la mano de obra de los países vecinos ha entrado durante largo tiempo en sus sectores de construcción, comercio minorista, servicios y agricultura a través de corredores migratorios Sur-Sur consolidados pero informales. Un retorno concentrado implica que esos corredores se interrumpen por la fuerza, que los países emisores deben absorber en poco tiempo la presión de empleo y reasentamiento, y que la cadena de remesas se rompe en consecuencia.En un nivel más profundo, está la posición de Sudáfrica en la agenda regional enmarcada por el Acuerdo de la Zona de Libre Comercio Continental Africana y por la discusión de un protocolo sobre la libre circulación de personas. La credibilidad de un núcleo económico regional no proviene solo de los puertos, los ferrocarriles y los mercados de capitales, sino también de si sus vecinos lo consideran un socio predecible. Cuando en las calles de Johannesburgo los comerciantes con visas legales y permisos de operación siguen siendo objeto de incendios provocados, cambia la evaluación de los inversores regionales sobre si las reglas son estables.

Comentaristas locales sudafricanos ya han señalado que el sentimiento xenófobo eleva las tasas de interés, reduce la inversión y, en última instancia, disminuye el empleo. Aunque esta cadena lógica se ha mencionado repetidamente, aún no ha recibido una respuesta de la misma magnitud en el ámbito político.

V. Los próximos 5 a 15 años: dos caminos divergentes

Si continúa la trayectoria actual, lo más probable no es que surja un mercado laboral más “puro”, sino una economía de los townships más cara y más fragmentada. La salida de los comerciantes extranjeros reducirá la densidad de la competencia, elevará los precios minoristas, restringirá el crédito para compras a cuenta, y los residentes de los townships —incluidos los jóvenes— pagarán más por los mismos productos. Las economías de escala en las etapas de venta al por mayor y de transporte se debilitarán en consecuencia. Una vez que el capital se retira, reconstruirlo lleva mucho más tiempo que el que tomó destruirlo en una noche.

El otro camino es convertir el conflicto en un tema institucional: llevar a la mesa de discusión los problemas de derechos de propiedad, licencias, impuestos y financiamiento del sector spaza, impulsar la formalización de las cadenas de venta al por mayor y al por menor, introducir pagos digitales y billeteras móviles para reducir los costos de transacción, y hacer que los jóvenes de los townships obtengan puntos de entrada estables al empleo y al emprendimiento en las cadenas de suministro locales. La estructura demográfica de Sudáfrica implica que, en los próximos 15 años, el tamaño de la nueva fuerza laboral superará con creces la capacidad de absorción del sector formal; la economía informal no es un fenómeno transitorio, sino una estructura de largo plazo.

La elección entre estos dos caminos no depende de consignas, sino de si las instituciones están dispuestas a reconocer un hecho: en una región con un desempleo juvenil elevado, una urbanización que sigue avanzando y una movilidad transfronteriza difícil de revertir, tratar la economía informal como algo que puede eliminarse equivale a tratar la capacidad de empleo como algo que puede eliminarse.

Si la historia de crecimiento de África de los últimos veinte años fue escrita por los recursos y la infraestructura, es muy probable que la variable clave de la próxima década sea la movilidad de las personas y la capacidad de las ciudades para convertir esa movilidad en capacidad productiva. Que este movimiento xenófobo en Sudáfrica constituya o no un punto de inflexión dependerá de si finalmente se entiende como un desahogo emocional o como el punto de partida de un debate serio sobre la institucionalización de la movilidad laboral. Lo primero cierra los corredores; lo segundo los abre, y el recurso más escaso de África en la próxima década es, precisamente, la movilidad de personas que puede organizarse de forma legal, segura y previsible.